En los últimos meses, hemos sido testigos de cómo LaLiga ha implementado bloqueos en la red, especialmente durante eventos deportivos clave. Estas interrupciones han impactado no solo a sitios directamente relacionados con la piratería, sino también a plataformas y servicios legítimos, incluyendo grandes proveedores de CDN como Cloudflare y diversas tiendas online. La justificación de LaLiga siempre ha radicado en su esfuerzo por erradicar la distribución ilegal de contenidos, aunque las repercusiones han sido mucho más amplias, afectando a la operatividad de numerosos negocios y la experiencia de navegación de los usuarios.
Recientemente, el partido político BNG ha elevado una consulta oficial al Gobierno sobre la naturaleza y el alcance de estos bloqueos, tildándolos de indiscriminados y cuestionando la protección de los derechos de los afectados. En su respuesta, el Gobierno ha dejado claro que su rol se limita a respetar las determinaciones emanadas del poder judicial. Han hecho alusión explícita a sentencias previas, como la dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, y a incidentes de nulidad presentados por entidades como Cloudflare y Rooted Con. La administración subraya que es potestad de los tribunales verificar la correcta aplicación de sus propias decisiones, absteniéndose de intervenir en el fondo del conflicto.
La posición gubernamental sugiere que el panorama actual no sufrirá cambios significativos a corto plazo. A pesar de la reducción de eventos deportivos durante el verano, se anticipa que la reanudación de las temporadas traerá consigo la reactivación de estas medidas de bloqueo. Ante esta realidad, se reitera la recomendación a los usuarios de considerar el uso de Redes Privadas Virtuales (VPN) como NordVPN, Surfshark o CyberGhost. Estas herramientas ofrecen una vía para salvaguardar la experiencia de navegación y mitigar los efectos de posibles interrupciones en el acceso a contenidos en línea, proporcionando una capa adicional de libertad y seguridad en el entorno digital.